Dictadura de Ortega bloquea cuentas bancarias y bienes de universidad jesuita en Nicaragua

Redacción Central, 11 Ago. 23 (ACI Prensa).-
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua congeló las cuentas bancarias y los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de la Compañía de Jesús, acción que ha sido condenada por un obispo y múltiples organizaciones sociales.

“Como ex alumno de la Universidad Centroamericana de Managua, repudio la agresión de la dictadura contra este centro de estudios”, expresó el 10 de agosto el Obispo Auxiliar de Managua (Nicaragua), Mons. Silvio Báez, desde su cuenta personal en la red social X.

El Prelado, exiliado en Estados Unidos desde abril de 2019 a causa de la persecución de la dictadura, manifestó que “el congelamiento de las cuentas es un atropello a la educación superior, a la libertad intelectual, a la cultura y a toda la sociedad”.

Este viernes 11 de agosto, fuentes vinculadas a la casa de estudios indicaron al diario nicaragüense El Confidencial que el régimen ha dictaminado la inmovilización de sus propiedades en los registros públicos.

Esta acción se suma a lo ocurrido dos días antes, el miércoles 9 de agosto, cuando trascendió que el gobierno de Ortega había congelado las cuentas bancarias de la UCA, según informaron varias fuentes locales.

Hasta el momento, las autoridades de esa institución educativa no han emitido un pronunciamiento oficial.

Al respecto, el Confidencial ha revelado el 10 de agosto un correo electrónico enviado por la UCA a la comunidad universitaria, en la que afirma que está atravesando “situaciones adversas” y a la vez trabajando para resolver los problemas que les impiden llevar a cabo operaciones bancarias.

Sobre la inmovilización de sus bienes, el medio nicaragüense Divergentes informó el jueves que esta acción no le fue notificada a la UCA y que habría partido de una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), organismo que tiene a su cargo la representación legal del Estado.

La fuente de este medio, cercana a la casa de estudios, relató que las autoridades jesuitas “se dieron cuenta de la inmovilización de todos sus bienes inmuebles cuando iban a realizar movimientos de las propiedades”. También dejó entrever que en un futuro cercano la UCA podría ser confiscada en su totalidad.

Actualmente no se dispone de información sobre posibles investigaciones policiales que respalden la decisión de congelar las cuentas bancarias de la universidad y bloquear sus activos.

Condena de organizaciones opositoras, ex presos políticos y movimientos estudiantiles

Después de confirmarse el bloqueo de las cuentas y bienes de la UCA, seis movimientos estudiantiles del país Centroamericano condenaron lo que consideran un “atropello” y “un ataque directo a la educación y a la libertad intelectual”.

“Es alarmante y repudiable que la dictadura sandinista haya congelado las cuentas bancarias de la UCA, así como las cuentas de los miembros del Consejo Universitario y de algunos directores. Estas acciones infundadas, basadas en supuestos cargos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, carecen de fundamentos y son parte de una estrategia para sofocar la disidencia y silenciar las voces críticas”, criticaron las organizaciones firmantes en un comunicado difundido el 10 de agosto.

“Exigimos el levantamiento inmediato del congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA y de todos los miembros afectados”, añadieron.

También se ha pronunciado el grupo de los 222 nicaragüenses que fueron exiliados por la dictadura a Estados Unidos en febrero de 2023. En un comunicado del 10 de agosto, esta comunidad calificó al bloqueo de “arbitrario e ilegal”.

“Denunciamos esta nueva vulneración al artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que consagra la tutela de los derechos de las comunidades educativas universitarias y de otros centros de educación técnica superior”..

Asimismo, los críticos afirmaron que esta medida en contra de la UCA forma parte de un proceso de socavamiento de la independencia de las universidades, que ha estado en marcha desde 2007 bajo el gobierno de Ortega y “que se intensificó a partir del 2018, con la confiscación de universidades privadas”.

Felix Maradiaga, un ex preso político nicaragüense y ex candidato presidencial, agregó a través de un video mensaje que “las instituciones educativas independientes han sido las principales amenazas para las tiranías predominantes en cada época” y que esa “es la razón por la cual la dictadura de los Ortega-Murillo ha lanzado un ataque contra la UCA”.

Otro pronunciamiento vino de parte de Proceso Monteverde, un grupo de opositores en el exilio y el destierro. A través de un comunicado de prensa del 9 de agosto, expresaron su solidaridad con la UCA y denunciaron la “represión gubernamental”.

Este grupo calificó el bloqueo como una “venganza por el compromiso de la universidad en denunciar los asesinatos perpetrados por el régimen desde 2018, así como por su valiente labor en la defensa de los derechos humanos y su contribución en la búsqueda de una salida pacífica y democrática ante la represión y el conflicto político que vive Nicaragua desde hace más de cinco años”.

Asimismo, sus miembros recordaron que la represión “contra la UCA se ha manifestado desde 2007, con la reducción progresiva del presupuesto que, por norma constitucional, las universidades en Nicaragua deben recibir”.

“La represión contra la educación, la cultura y el pensamiento crítico en Nicaragua se ha reflejado en la cancelación de más de 30 universidades por parte de la dictadura de Ortega y Murillo hasta el presente año 2023”, criticaron.

Sobre la Universidad Centroamericana

Establecida en 1960 y vinculada a la Compañía de Jesús, la UCA es la primera universidad privada de Nicaragua. A lo largo de su historia, ha impartido enseñanza a más de 12 generaciones de profesionales y ha sido cuna de figuras que se han opuesto a la dictadura somocista que se mantuvo en el país hasta 1979. También siguió el proceso para el retorno a la democracia en los años noventa y denunció las injusticias y represión durante las protestas en Nicaragua del 2018.