El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (España) ordenó que se paralicen los trabajos de retirada de lo que queda de la cruz de la plaza de la iglesia de Callosa de Segura en la ciudad de Alicante al admitir a trámite las medidas cautelares que fueron presentadas la semana pasada.
Pese al tiempo en que fueron presentadas cautelares, el Tribunal recién emitió su fallo el lunes 29 de enero, varias horas después de que la cruz fuera retirada en horas de la madrugada.
El Tribunal no aplicó ante las medidas cautelares porque, indicaron, “no concurrían circunstancias de especial urgencia”.
Según informan desde la plataforma Abogados Cristianos, esta decisión obliga “el cese inmediato de la ejecución de los trabajos de destrucción/retirada y de la cruz y pedestal y/o su traslado a cualquier lugar” y a mantener en la plaza de la iglesia el pedestal en el que se encontraba la cruz.
Juan José Liarte, abogado del caso, afirmó que pedirá “la restitución del monumento a su localización habitual” ya que todavía quedan abiertos varios procesos.
Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia se dio demasiado tarde, aún es importante porque si se mantiene el pedestal es más sencillo que se reponga la cruz, algo que pedirá Abogados Cristianos.
Liarte también declaró que presentará “una querella contra el alcalde de Callosa, el socialista Francisco Maciá, por prevaricación”.
Además, el abogado aseguró que “existe un vídeo de unos concejales del municipio silbando un himno republicano mientras los operarios destruyen la cruz que demuestra que este Ayuntamiento puede incurrir incluso en un delito de odio”.
La cruz fue retirada a pesar de la oposición de numerosos ciudadanos de Callosa de Segura. Los vecinos del municipio llevaban turnándose 400 días para evitarlo y ya lo habían logrado hasta en tres ocasiones.
Ante la retirada de la cruz, el P. Juan Bautista Samper, párroco de la iglesia de San Martin Obispo en cuya plaza estaba el símbolo religioso, emitió un comunicado en el que aseguraba que la decisión del Ayuntamiento de quitarla sin esperar al pronunciamiento judicial pendiente se debía a “presiones e intereses políticos”.
El P. Samper también aseguró que la retirada de la cruz se llevó a cabo “obviando el derecho de propiedad privada”, “sin haber convenido con la parroquia la afectación del inmueble” e “invadiendo la propiedad de la parroquia generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la iglesia”.
El sacerdote denunció que el Ayuntamiento no le ha notificado “el destino de la cruz” y aseguró que defenderá sus derechos patrimoniales “hasta las últimas instancias judiciales que procedan”.
La Ley de Memoria Histórica establece la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos relacionados con la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Los monumentos de la Iglesia Católica quedan fuera de la aplicación de esta ley. Sin embargo, la Cruz de Callosa de Segura ha sido retirada debido a una inadecuada aplicación de la norma.
La cruz recuerda a los fallecidos durante la Guerra Civil. Hace años se retiraron referencias que la cruz tenía a la Falange Española, grupo político al que pertenecía Francisco Franco.
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